VeriFactu: qué es, a quién obliga y desde cuándo.

VeriFactu es el sistema de la Agencia Tributaria española que obliga a que los programas de facturación generen, por cada factura emitida, un registro inalterable y encadenado con el anterior. Su objetivo es impedir el llamado software de doble uso, es decir, los programas que permitían borrar ventas a posteriori. Está regulado en el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, que desarrolla el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria introducido por la Ley 11/2021 antifraude, y en la Orden HAC/1177/2024, que fija las especificaciones técnicas.

Tras la prórroga aprobada por el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, las fechas son: 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de obligados (autónomos en IRPF, establecimientos permanentes de no residentes y entidades en régimen de atribución de rentas). Estas fechas prorrogan un año las que fijaba originalmente el RD 1007/2023 (1 de enero y 1 de julio de 2026). La prórroga no alcanzó a los fabricantes de software, que debían tener sus productos adaptados desde el 29 de julio de 2025.

Quedan fuera de la obligación, entre otros: quienes llevan sus libros registro a través de la sede electrónica de la AEAT mediante el SII (Suministro Inmediato de Información); los contribuyentes de los territorios forales del País Vasco, que tienen su propio sistema, TicketBAI, y de Navarra; y quienes no tienen obligación de expedir factura. Si tu empresa está en Bizkaia, Gipuzkoa o Álava, tu obligación es TicketBAI, no VeriFactu.

El Reglamento admite dos modalidades. En la modalidad VERI*FACTU el programa remite cada registro de facturación a la AEAT en el momento de emitir la factura; a cambio, el empresario queda liberado de firmar electrónicamente los registros y de conservarlos con los requisitos más estrictos, y la factura lleva la leyenda «VERI*FACTU». En la modalidad no verificable no se envía nada en tiempo real, pero el sistema debe firmar electrónicamente cada registro, conservarlos íntegros y ponerlos a disposición de la Agencia Tributaria cuando los requiera. Para la mayoría de pymes la primera modalidad es más sencilla y más barata de mantener.

El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria prevé una multa fija de 50.000 € por cada ejercicio para quien tenga sistemas de facturación que no cumplan el Reglamento o que hayan sido alterados. Para los fabricantes y comercializadores de programas no conformes la multa es de 150.000 € por ejercicio y por cada tipo de programa vendido. Es una sanción por tenencia: no hace falta que se demuestre que se ha ocultado ninguna venta.

Solo si el que usas no está adaptado. Desde el 29 de julio de 2025 los fabricantes solo pueden comercializar software conforme, así que un programa con mantenimiento vigente debería llegar adaptado por actualización. El problema está en los programas antiguos sin soporte, los desarrollos internos a medida y las hojas de cálculo: esos no se van a adaptar solos. La forma rápida de salir de dudas es pedir al proveedor la declaración responsable del artículo 13 del Reglamento; si no la tiene, no cumple.

No, si estás obligado. Una hoja de cálculo no genera registros de facturación encadenados, no lleva registro de eventos ni puede acompañarse de la declaración responsable del fabricante. Cuando llegue tu fecha, facturar con Excel te sitúa directamente en el supuesto sancionable del artículo 201 bis de la LGT.

Mycelium360, el ERP en la nube de Pymergy basado en Odoo, incorpora la facturación adaptada a la normativa antifraude, igual que ya incorpora TicketBAI y el SII. Si ya eres cliente, la adaptación llega por actualización y sin coste de licencia. Si vienes de otro programa, Pymergy hace la migración de datos y la puesta en marcha. Escríbenos y te confirmamos tu caso concreto por escrito.

No, son dos obligaciones distintas que a menudo se confunden. VeriFactu regula cómo debe comportarse tu programa de facturación (registros inalterables, huella, QR) y depende de la Agencia Tributaria. La factura electrónica obligatoria entre empresas regula el formato en que se intercambian las facturas y nace de la Ley 18/2022 «Crea y Crece», desarrollada por el Real Decreto 238/2026; sus plazos son posteriores y van por fases según la facturación anual. Una empresa puede acabar teniendo que cumplir las dos.